Tribunales de Justicia: Diez meses de demoras en la mega causa por estafas procesales
Todos están imputados. Graves sospechas de corrupción
Están imputados cuatro abogados, entre ellos el abogado Carlos Bagnarelli, ex asesor letrado de la Municipalidad de La Cumbre bajo el gobierno de Pedro El Gáname, dos empleados judiciales, dos comerciantes y un médico también de La Cumbre, Dr. Adrián Porto. Se elevó a juicio en junio de 2009 y ahora debe resolver la jueza de Control de Río Segundo
Las graves sospechas de corrupción que desde 2005 recaen sobre distintos estamentos de la sede judicial de esta ciudad, aún no se han ventilado en juicio oral y público, a pesar de más de cuatro años de instrucción de la causa y 10 meses que fuera elevada a juicio a la Cámara Criminal y Correccional de esta ciudad.
Actualmente la causa se encuentra en manos de la juez de Control de Río Segundo, Ángela Palacios de Arato, quién deberá definir su destino. Recusaciones, apartamientos, recursos y dilaciones, hicieron recalar el expediente en ese ámbito luego de meses de postergaciones.
Se encuentran imputados cuatro abogados, un médico, dos empleados judiciales y dos comerciantes, en una compleja trama de supuestos favoritismos para lograr fallos a favor especialmente en juicios por daños y perjuicios contra el Estado provincial, además de presuntas falsificaciones de planillas de liquidación en sede judicial, e incluso estafas perpetradas contra damnificados a la hora de cobrar indemnizaciones.
La pieza acusatoria, que acumula más de 20 cuerpos, detalla una serie de acusaciones contra las nueve personas apuntando a la interrelación entre las mismas en los supuestos hechos delictivos. En todos los casos están imputados de coautores responsables.
Como director de la investigación se desempeñó el fiscal de Cámara Hernán Funes, interviniendo en distintas etapas su par Haydeé Gersicich, las secretarias Ana Díaz, Alejandra Heredia y el prosecretario Néstor Linguas. Como así el ex fiscal Néstor Cuello, para terminar en manos de Martín Bertone que le dio cierre, actual titular de la Fiscalía de Instrucción cruzdelejeña.
Los imputados
La requisitoria fiscal acusó al abogado Carlos Edgar Bagnarelli (54) de defraudación por administración fraudulenta reiterada (3 hechos); supresión de instrumento público; uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.
El letrado Eduardo Arístides Bagnarelli (59), hermano del anterior, deberá responder por defraudación por administración fraudulenta reiterada (3 hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; robo de energía y falsedad por destrucción de documento público destinado a servir de prueba, en concurso real; amenazas; agresión con toda arma, calificada y amenazas, en concurso real. Todo en concurso real.
El abogado Carlos Daniel Munuce (37), de uso de documento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.
El letrado Horacio Edgar Capdevila (45), de coacción; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.
La empleada de tribunales (Juzgado Civil y Comercial) María Cristina González (56) de tentativa de estafa procesal.
El empleado de la sede tribunalicia (Juzgado Civil y Comercial) Arturo Umberto Ordóñez (42) de supresión de instrumento público.
El médico cirujano (Hospital Aurelio Crespo) Raúl Adrián Porto (53) de emisión de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso real.
El comerciante Julio Ernesto Sarmiento (59) de tentativa de estafa procesal. Por su parte el comerciante José Ángel Rosales (57), de falsificación de instrumento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso real.
En el transcurso de la instrucción de esta mega causa, los abogados Carlos y Eduardo Bagnarelli, Carlos Munuce y Horacio Capdevila, estuvieron detenidos por distintos períodos en la Unidad Carcelaria 2 de esta ciudad, hasta que fueron beneficiados por los recursos planteados de excarcelación.
El detonante
En marzo de 2005, cinco años atrás, la denuncia penal y pública impulsada por Fátima Beatriz Ponce, ex esposa del hoy imputado el abogado Eduardo Bagnanelli, fue la punta de un ovillo que desnudó una supuesta concomitancia entre abogados del foro local y funcionarios judiciales.
La mujer denunció una controvertida red de influencias para lograr fallos a favor, que no solo involucró a los hoy acusados sino a otras personas que, al momento, resultaron desvinculadas de esta causa hoy demorada.
Actualmente la causa se encuentra en manos de la juez de Control de Río Segundo, Ángela Palacios de Arato, quién deberá definir su destino. Recusaciones, apartamientos, recursos y dilaciones, hicieron recalar el expediente en ese ámbito luego de meses de postergaciones.
Se encuentran imputados cuatro abogados, un médico, dos empleados judiciales y dos comerciantes, en una compleja trama de supuestos favoritismos para lograr fallos a favor especialmente en juicios por daños y perjuicios contra el Estado provincial, además de presuntas falsificaciones de planillas de liquidación en sede judicial, e incluso estafas perpetradas contra damnificados a la hora de cobrar indemnizaciones.
La pieza acusatoria, que acumula más de 20 cuerpos, detalla una serie de acusaciones contra las nueve personas apuntando a la interrelación entre las mismas en los supuestos hechos delictivos. En todos los casos están imputados de coautores responsables.
Como director de la investigación se desempeñó el fiscal de Cámara Hernán Funes, interviniendo en distintas etapas su par Haydeé Gersicich, las secretarias Ana Díaz, Alejandra Heredia y el prosecretario Néstor Linguas. Como así el ex fiscal Néstor Cuello, para terminar en manos de Martín Bertone que le dio cierre, actual titular de la Fiscalía de Instrucción cruzdelejeña.
Los imputados
La requisitoria fiscal acusó al abogado Carlos Edgar Bagnarelli (54) de defraudación por administración fraudulenta reiterada (3 hechos); supresión de instrumento público; uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.
El letrado Eduardo Arístides Bagnarelli (59), hermano del anterior, deberá responder por defraudación por administración fraudulenta reiterada (3 hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; robo de energía y falsedad por destrucción de documento público destinado a servir de prueba, en concurso real; amenazas; agresión con toda arma, calificada y amenazas, en concurso real. Todo en concurso real.
El abogado Carlos Daniel Munuce (37), de uso de documento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.
El letrado Horacio Edgar Capdevila (45), de coacción; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.
La empleada de tribunales (Juzgado Civil y Comercial) María Cristina González (56) de tentativa de estafa procesal.
El empleado de la sede tribunalicia (Juzgado Civil y Comercial) Arturo Umberto Ordóñez (42) de supresión de instrumento público.
El médico cirujano (Hospital Aurelio Crespo) Raúl Adrián Porto (53) de emisión de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso real.
El comerciante Julio Ernesto Sarmiento (59) de tentativa de estafa procesal. Por su parte el comerciante José Ángel Rosales (57), de falsificación de instrumento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso real.
En el transcurso de la instrucción de esta mega causa, los abogados Carlos y Eduardo Bagnarelli, Carlos Munuce y Horacio Capdevila, estuvieron detenidos por distintos períodos en la Unidad Carcelaria 2 de esta ciudad, hasta que fueron beneficiados por los recursos planteados de excarcelación.
El detonante
En marzo de 2005, cinco años atrás, la denuncia penal y pública impulsada por Fátima Beatriz Ponce, ex esposa del hoy imputado el abogado Eduardo Bagnanelli, fue la punta de un ovillo que desnudó una supuesta concomitancia entre abogados del foro local y funcionarios judiciales.
La mujer denunció una controvertida red de influencias para lograr fallos a favor, que no solo involucró a los hoy acusados sino a otras personas que, al momento, resultaron desvinculadas de esta causa hoy demorada.
José Hernández. La Voz del Interior
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