Las estafas procesales de los abogados Bagnarelli esperan juicio

La causa se encuentra en manos de la jueza de Control de Río Segundo, Ángeles Palacios de Arato. Si su decisión es dejar firme la elevación a juicio, los imputados tienen la última alternativa de apelar a la Cámara de Acusación.

Recusaciones, apartamientos, recursos y dilaciones en el marco de las estrategias defensivas de los imputados hicieron recalar el expediente en juzgados de Control y cámaras del Crimen, no sólo de Cruz del Eje sino de distintas jurisdicciones, lo que genera un desánimo generalizado de distintos sectores sociales e institucionales que en su momento se manifestaron públicamente exigiendo justicia.

Están imputados cuatro abogados, un médico, dos empleados judiciales y dos comerciantes, en una compleja trama de supuestos favoritismos para lograr fallos a favor, en especial en juicios por daños y perjuicios contra el Estado provincial, además de presuntas falsificaciones de planillas de liquidación en sede judicial e incluso presuntas estafas contra damnificados a la hora de cobrar indemnizaciones.

La pieza acusatoria, que acumula más de 20 cuerpos, detalla acusaciones contra las nueve personas. Apunta a la interrelación entre ellas en los supuestos hechos delictivos. Todos están imputados como coautores responsables.

El fiscal de Cámara Hernán Funes fue director de la investigación e intervinieron en distintas etapas su par Haydeé Gersicich, las secretarias Ana Díaz y Alejandra Heredia y el prosecretario Néstor Linguas. También participó el ex fiscal Néstor Cuello, para terminar en manos de Martín Bertone, actual titular de la Fiscalía de Instrucción cruzdelejeña, quien le dio cierre.

Acusados. La requisitoria fiscal acusó al abogado Carlos Edgar Bagnarelli (54) de defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); supresión de instrumento público; uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.

El letrado Eduardo Arístides Bagnarelli (59), hermano del anterior, deberá responder por defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; robo de energía y falsedad por destrucción de documento público destinado a servir de prueba, en concurso real; amenazas; agresión con toda arma, calificada y amenazas, en concurso real. Todo en concurso real.

El abogado Carlos Daniel Munuce (37), fue imputado de uso de documento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.

El letrado Horacio Edgar Capdevila (45), de coacción; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real.

La empleada de tribunales (Juzgado Civil y Comercial) María Cristina González (56), de tentativa de estafa procesal.

El empleado de la sede tribunalicia (Juzgado Civil y Comercial) Arturo Umberto Ordóñez (42), de supresión de instrumento público.

El médico cirujano (Hospital Aurelio Crespo) Raúl Adrián Porto (53), de emisión de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso real.

El comerciante Julio Ernesto Sarmiento (59), de tentativa de estafa procesal. Por su parte, el comerciante José Ángel Rosales (57), de falsificación de instrumento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso real.

En prisión

En el transcurso de la instrucción de esta causa, los abogados Carlos y Eduardo Bagnarelli, Carlos Munuce y Horacio Capdevila estuvieron detenidos por distintos períodos en la Cárcel de Cruz del Eje, hasta que fueron beneficiados por los recursos de excarcelación planteados.

En detalle

El comienzo. En marzo de 2005, la denuncia penal y pública impulsada por Fátima Beatriz Ponce, ex esposa del hoy imputado Eduardo Bagnanelli, fue la punta de un ovillo que desnudó una supuesta concomitancia entre abogados del foro local y funcionarios judiciales, en una compleja trama de supuesta corrupción denominada “la industria del juicio cruzdelejeña”.

Red de influencias. La mujer denunció una controvertida red de influencias para lograr fallos a favor, que no sólo involucró a los hoy acusados sino a integrantes del Poder Judicial local que, al momento, resultaron desvinculados de esta causa hoy demorada desde hace 10 meses.
José Hernández

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