Barones del cielo abierto
Quiénes están relacionados a la explotación minera?
Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral son los tres gobernadores argentinos que tienen su futuro político ligado a que la gran minería a cielo abierto se continúe desarrollando como hasta ahora.
Las imágenes televisivas insistieron sobre los abrazos y festejos que comenzaron entre las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación los promotores de la nueva ley de glaciares. El miércoles último lograron unir a la oposición para obtener la media sanción a un proyecto que en 2008 fue vetado por la presidenta Cristina Fernández.
Ahora vendrá el último capítulo, en el Senado, también para seguir por la tele. Pero esa misma noche en la que los diputados festejaban, en las sedes gubernamentales de varias provincias argentinas la decisión legislativa hizo que la cena les cayera como una bomba a sus gobernadores.
"Si Argentina termina aprobando una ley de glaciares como ésta, podría significar poner en duda la continuidad de varios de los principales emprendimientos mineros metalíferos a cielo abierto que se están desarrollando en la alta cordillera". Así lo sugirió a La Voz del Interior Ricardo Villalba, la principal autoridad argentina en la especialidad, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Se trata de emprendimientos que destinan miles de millones de dólares para la obtención de metales valiosos, como oro, plata y cobre, y que están a cargo de las más grandes compañías internacionales del rubro. En la última década y media, estos desarrollos mineros que hacen volar montañas enteras por los aires y que provocan pesadillas en las mentes de los ambientalistas consiguieron sus mejores socios entre varios gobernadores de las provincias cordilleranas.
En la actualidad, los tres mandatarios provinciales que más se destacan por su decidido apoyo a la minería a gran escala planean su continuidad en lo más alto del poder, ayudados por las mieles económicas de la actividad extractiva. Por eso, los festejos en el Congreso les cayeron como una advertencia y los convencieron de la necesidad de reforzar sus estrategias contra la ley de glaciares que se viene.
La patria del "Flaco". San Juan es, sin dudas, la provincia donde más ha calado el discurso político favorable a la minería a cielo abierto y donde menos quejas se escuchan. Esta modalidad extractiva es condenada desde la tribuna ambientalista, principalmente por usar cianuro en grandes cantidades para separar los metales y la piedra, ya que esto implicaría un alto riesgo de contaminación de las aguas y el suelo.
Pero no es eso lo que piensa el gobernador José Luis Gioja, transformado en el político argentino que más abiertamente promueve la minería metalífera y al que más se lo ve en compañía de los empresarios de la Barrick, la compañía canadiense que proyecta ganancias extraordinarias con sus minas de oro abiertas o por abrir en el país. La lógica de su discurso es la siguiente: "San Juan no puede sembrar soja ni puede criar vacas. Es todo montaña; más del 80 por ciento de nuestro territorio es montaña. ¿Qué otra cosa podemos hacer que no sea trabajar la montaña?"
Para convencer a sus votantes, Gioja les promete que su provincia será una potencia mundial en minería y destaca que, sólo en el último trienio, descubrieron más de mil toneladas de oro enterradas en las montañas sanjuaninas: es sólo cuestión de arreglar con las empresas extractoras y de empezar a repartir la riqueza en la provincia.
San Juan tiene en producción Veladero y Gualcamayo, dos minas de oro importantes que quedarán minimizadas cuando en 2014 Barrick ponga en producción Pascua-Lama, el primer emprendimiento minero binacional del mundo, que comparte con Chile. Además, tiene otros emprendimientos en carpeta.
Gioja, con el combustible minero, hace tiempo que comenzó a pensar en un futuro político más alto que el que disfruta hoy. "Gobernar San Juan es como manejar un karting; hay que ver si estoy como para un Fórmula 1", contesta cuando le preguntan si acompañará a Kirchner en la fórmula presidencial
Su aspiración nacional recibió un gran respaldo hace pocos días cuando San Juan se convirtió en la sede de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Gioja no sólo fue la principal figura del encuentro, sino que además obtuvo un triunfo de peso: consiguió que los presidentes sudamericanos firmaran una declaración en la que se resalta el valor de la minería como herramienta de desarrollo económico. En otras palabras, todos ratificaron a la minería en gran escala como una política de Estado para la región.
Gioja hasta se dio el lujo de promocionar en esos días un invento que presentó en una exposición minera en su provincia como la solución contra las quejas ambientalistas. Se trata de un desarrollo de la firma Phylum, de Buenos Aires, que trata los barros de los diques de cola de las minas a cielo abierto y los transforma en agua potable y sales de cianuro aptas para la fabricación de pintura. O sea, el principal problema ambiental desaparecería, de ser efectivo el invento que ya fue patentado en Argentina y Canadá.
Las antileyes. Solidarios en la lucha pro minera que lleva adelante Gioja, se encuentran otros dos gobernadores interesados en pelear por su reelección, usando a su favor el argumento del desarrollo que la minería traerá a sus territorios.
Luis Beder Herrera, gobernador riojano, es un caso único en el país. Hizo campaña contra su antecesor en el cargo acusándolo de pro minero y abrazado a los grupos ambientalistas, para tornarse en un convencido defensor de las ventajas de la minería una vez que llegó al cargo. Beder Herrera integra el amplio lote del 50 por ciento de gobernadores argentinos que buscará su reelección en las próximas elecciones. La firma Barrick tiene en carpeta un importante proyecto en los Nevados del Famatina, que no avanzó por la oposición que le han planteado los grupos ambientalistas a los que hasta no hace mucho apoyaba Beder Herrera.
En Catamarca, otra provincia que tiene sus ingresos atados al éxito de la industria extractiva, Eduardo Brizuela del Moral también buscará sacar la sortija en la próxima calesita electoral. Mientras tanto, con diferentes perspectivas políticas, suman su antipatía hacia la nueva ley de glaciares que se pretende aplicar, los gobernadores Walter Barrionuevo, de Jujuy; Juan Manuel Urtubey, de Salta; Celso Jaque, de Mendoza, y Jorge Sapag, de Neuquén.
Todos ellos parecen haber coincidido en una estrategia para tratar de que la nueva ley de glaciares no ponga en riesgo los emprendimientos mineros en sus provincias. De manera sorpresiva, y anticipándose al Congreso Nacional, comenzaron a promover leyes provinciales de protección de glaciares. Con distintos textos y recursos retóricos, estas leyes coinciden en dejar en las administraciones provinciales la decisión de cuáles emprendimientos seguirán y cuáles no.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a este diario que "lo que están haciendo las provincias mineras es una jugada ideada en Toronto, Canadá, cuando los gobernadores viajaron con la Presidenta y se reunieron con el presidente de Barrick. Allí salió esta estrategia de patas cortas en la que no van a tener éxito, porque las normas de la Constitución Nacional tienen preeminencia sobre las legislaciones locales. Las provincias pueden hacer normas más protectoras que la ley nacional, pero nunca por debajo de sus presupuestos mínimos, como están haciendo".
Ya aprobaron sus propias leyes Jujuy, La Rioja y San Juan, en tanto que Catamarca avanza a toda marcha en la misma dirección. Se espera que Salta, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz también hagan lo mismo, con base en un acuerdo que sellaron meses atrás en este sentido, con el aval de la Secretaría de Minería de la Nación que dirige el sanjuanino Jorge Mayoral. Las provincias se paran sobre el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice que a ellas les corresponde el dominio originario de los recursos naturales.
Entonces, la pelea queda planteada en el Senado, donde las provincias intentarán rechazar la normativa que viene de Diputados, y en los futuros conflictos jurídicos y políticos que se suscitarán cuando comiencen a chocar las legislaciones provinciales con la ley nacional, en caso de que ésta sea aprobada. Esta semana, el Gobierno nacional anunció que no volverá a vetarla si el Senado también la aprueba. La pelea será para seguirla voto a voto. Arriba, en las alturas, estarán temblando los glaciares. Abajo, estarán estremeciéndose algunos gobernadores.
La voz del interior
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