Crítico informe sobre el acceso a la información pública en Córdoba

“El trabajo evidenció que el ejercicio efectivo del derecho a la información pública puede encontrarse con múltiples obstáculos, desde interpretaciones restrictivas de la ley 8.803 (de acceso a la información) hasta formalismos procedimentales y costos económicos”.

Los dos párrafos anteriores forman parte de las “conclusiones preliminares” del informe que los coordinadores de Córdoba Transparente remitieron recientemente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rendir cuentas de la labor que desarrollaron con fondos provenientes de esa entidad de crédito internacional.

Como publicó este diario hace dos meses, la ONG conformada por las fundaciones Ciudadanos 365 y Fundeps (Fundación para el desarrollo político y social), obtuvo apoyo económico del Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (Fontra), de Partnership for Transparency Fund (PTF), del BID y del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) para promover entre los ciudadanos el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.

Con ese objetivo presentó ante diversos ministerios provinciales y en dependencias públicas de los municipios de Córdoba y de Villa Carlos Paz 17 pedidos de información referida a contrataciones, a fondos permanentes y a registros de proveedores.

Ninguno de los pedidos fue respondido en los plazos que determina la ley de acceso a la información. Y las respuestas que llegaron después no incluyeron los datos solicitados.

Córdoba Transparente recurrió a la Justicia en razón de lo que prevé la ley de acceso a la información, impulsada y sancionada hace una década por la misma fuerza política que hoy gobierna la provincia. Presentó varios amparos por mora que todavía están pendientes.

Obstáculos y dilaciones. El informe enviado al BID relata en detalle los pasos que dio la ONG en busca de información pública. Y califica como “prácticas dilatorias” y “obstáculos” a las medidas que tomaron el Gobierno y sus funcionarios para no brindarla.
Relata que en lugar de publicar los datos sobre proveedores del Estado y contrataciones, el Gobierno exigió a la ONG que acreditara personería jurídica, pese a que eso no lo exige la ley de acceso a la información.

Agrega el informe que “luego de la notificación judicial al Poder Ejecutivo y de la difusión del proyecto en medios de comunicación masivos” se recibieron respuestas en seis casos. Y los describe: denegatorias de información en los casos del Registro Único de Beneficiarios de Pagos y del Registro Oficial de Proveedores del Gobierno provincial; respuestas con información incompleta sobre fondos permanentes y fondos especiales, y denegatoria de información sobre contrataciones de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Educación, y Obras y Servicios Públicos.

Destaca el informe que “solamente luego de la difusión masiva del proyecto en medios de comunicación se dio respuesta a los pedidos de información”. Sin embargo, agrega que sólo fue un formalismo, ya que en ningún caso se suministró toda la información solicitada.

El informe dedica un párrafo al caso del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, al que  le habían solicitado datos de compras y contrataciones. En lugar de contestar, las autoridades exigieron acreditación de personería jurídica y cuando se la presentaron, decidieron brindar parte de la información a la Justicia, no a la ONG que la había pedido.

Sobre las varias denegatorias, Córdoba Transparente consideró que “la resolución ministerial interpreta de forma restrictiva y hasta errónea la ley 8.803, que tiene como fin asegurar un derecho ciudadano fundamental como el acceso a la información pública”.  braile

Lo más positivo
El informe destaca como positivo el hecho de que “numerosas ONG solicitaron capacitación y asistencia técnica a Ciudadanos 365 y a Fundeps para acceder a información pública en el marco de la ley provincial 8.803”

La Voz del Interior

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