IMPUTARON AL INTENDENTE DE COSQUIN POR MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Informe de Sergio Zarate de Diario Prensa del Centro
El Fiscal MartÃn Bertone imputó dÃas atrás, al intendente de CosquÃn, Marcelo Villanueva, también fueron imputados algunos integrantes de su gabinete y empleados de la SecretarÃa de EconomÃa y Finanzas del Municipio. El intendente y el Director de EconomÃa del Municipio, Daniel Peralta fueron imputados por Peculado de Servicios consistente en el provecho de parte de terceros de servicios telefónicos pagados por la Administración Pública, en el transcurso de los años 2010, 2011 y 2012, los cuales eran usados por familiares directos de los imputados. Dicha imputación prevé de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua.
En segundo lugar el hecho el cual habría ocurrido en el transcurso de los años 2009, 2010 y 2011, consistente en dar a los caudales públicos provenientes del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, vinculados a la obra de red domiciliaria de gas natural una administración diferente a la de su destino, en los que habrían participado a título de co-autores Marcelo Gustavo Villanueva, Eduardo José Villanueva, Rosanna Teresita Varela y Vanesa Ramos, conductas que encuadrarían en los artículos art. 260, 1ra. parte y 45 del Código Penal; los mencionados fueron imputados de “Malversación de caudales públicos que prevé Inhabilitación especial de 1 mes a 3 años.”
Cabe acotar que esta investigación comenzó en julio de 2012 por parte del Tribuno de Cuentas y los concejales de Proyecto Cosquín, quienes pidieron informes en el Concejo Deliberante e hicieron públicas las irregularidades detectadas en los balances enviados al Tribunal de Cuentas local.
En febrero de 2013 la fiscalía admitió como querellantes particulares a los representantes de Proyecto Cosquín y ordenó una pericia contable al Municipio.
Personal del Centro de Investigación Criminal de Policía Judicial notificó de las imputaciones dispuestas por la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, y más tarde procedieron a allanar la sede del Concejo Deliberante secuestrando documentación relativa a una ordenanza que habría sido adulterada en parte de su texto.
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