CARTA ENVIADA POR SEBASTIAN GARCIA DIAZ AL GOBERNADOR
Con relación al consumo de drogas y alcohol en Córdoba
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted para intentar -a través de esta carta- tome conciencia de una grave falencia que está teniendo su gobierno y que espero pueda corregir con urgencia. Se trata de la nula inversión y acción para prevenir el consumo de drogas y alcohol en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Estas falencias son muy graves no sólo por la desidia respecto al tema en cuestión sino además por que se está produciendo un incumplimiento de la Ley 9.600 que ordena un listado específico de acciones de prevención y asistencia que no se han llevado a cabo desde el inicio de su gestión y hasta ahora.
Como bien sabe, el fenómeno del consumo de sustancias tiene dos grandes cuestiones vinculadas: todo lo relativo a la oferta y lo que hace a la demanda. Respecto de la oferta de sustancias ilegales, el crecimiento del accionar de las redes de narcotráfico (con vinculaciones internacionales) y su influencia sobre vastos sectores del Gran Córdoba y de otras ciudades y pueblos del interior es un fenómeno ya conocido por todos e incluso reconocido por usted mismo.
El año pasado presenté un segundo informe en el que se describe cómo las redes de narcotráfico están dominando un porcentaje importante del abanico de delitos que se produce en Córdoba, a través del poder de su caja financiera y su logística, y al amparo que logran de funcionarios y policías. El documento ilustra cómo se va estructurando paulatinamente la base del “crimen organizado” y las consecuencias que puede tener para los cordobeses. Adjunto este informe llamado “La nueva Matriz de la Delincuencia en Córdoba” para que sea evaluado también como antecedente.
Pero no está puesto allí el foco de este pedido de acción urgente sino en la otra faceta del fenómeno para disminuir la demanda y atender sus consecuencias.
En el Artículo 3º exige llevar registros sistemáticos y realizar estadísticas sobre los distintos aspectos relacionados a la problemática de la drogadicción y el narcotráfico. También obliga a implementar un sistema telefónico anónimo y gratuito para el otorgamiento de asesoramiento y la recepción de información, con inmediata comunicación -en caso de corresponder- a las autoridades pertinentes. Otro tanto a través de la web. Por último proclama la necesidad de promover y difundir en todos los ámbitos y niveles del sistema educativo provincial, las medidas preventivas como así también campañas de concientización.
La inacción para realizar campañas constantes y efectivas de alerta y prevención que aquí se subraya, contrastan con los abundantes recursos que se destinan para otro tipo de publicidades oficiales y acciones de marketing del gobierno provincial.
¿Cómo se puede explicar semejante negligencia teniendo en cuenta la cantidad de muertos y heridos por causas vinculadas al consumo de sustancias, embarazos no deseados, violencia y adicciones?
El fenómeno está creciendo en forma exponencial y el número de jóvenes consumidores es cada vez más grande y son cada vez más precoces, igualando -otro dato preocupante- las mujeres a los varones en el consumo de alcohol y otras drogas, con todos los riesgos que esto depara. Además se ha extendido por toda la provincia.
Urge volver a institucionalizar la Secretaría, sus funciones, establecer un presupuesto suficiente para poder realizar prevención a gran escala y asistencia a los adictos en todo el territorio provincial.
En este último sentido, es muy angustiante ver el peregrinar de padres de adolescentes y jóvenes sin recursos ni obra social, por hospitales e instituciones públicas pidiendo un lugar efectivo donde poder tratar y eventualmente internar a sus hijos con problemas de adicción a las drogas. Ese lugar público, varias veces prometido en su construcción por parte del entonces gobernador Schiaretti es un proyecto aún, lamentablemente, que está muy lejos de estar entre los primeros lugares en las prioridades de la obra pública de Córdoba.
Durante mi gestión y la siguiente se estructuraron -como medida proviosria- becas de asistencia para poder financiar el tratamiento de jóvenes sin recursos en instituciones civiles y privadas. Pero como me ocurrió a mi como funcionario en su momento y ahora al actual secretario, es tan larga la demora por pagar en tiempo y forma estas becas por parte del Estado Provincial que las instituciones se encuentran siempre al límite de la desesperación, recorriendo semanalmente los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social para tratar de cobrar algo de lo adeudado.
Por si acaso sus funcionarios y asesores argumenten de que no hay recursos suficientes en la órbita estatal para financiar estas campañas y acciones masivas de prevención, le ofrezco como propuesta el proyecto que hemos hecho público en el último tiempo para ser evaluado por Ud.
Se trata de aplicar una tasa de 0,50 centavos por cada litro de alcohol que se venda en la Provincia de Córdoba. Como los cálculos indican que se comercializan aproximadamente unos 300 millones de litros del alcohol al año en el ámbito de la provincia de Córdoba, con este gravamen podría establecerse un fondo específico para prevención y asistencia de unos $ 150 millones de pe sos al año lo que resulta un presupuesto suficiente para tal fin. Está claro entonces que las alternativas de políticas públicas existen, pero es necesario una voluntad y una acción para cumplir la ley.
Quedo a su disposición al igual que el equipo técnico con el que trabajamos desde hace varios años para ayudarlo si es que en verdad se toma la decisión de trabajar sobre las falencias aquí apuntadas.
Sebastián García Díaz
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