Protección de la Diversidad de Contenidos Culturales

La Diputada Norma Morandini presentó un proyecto de ley para que la Argentina ratifique la CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES, adoptada en la ciudad de París el 20 de octubre de 2005 por la Conferencia General de la UNESCO. En tiempos en los que la primacía del mercado pone precio a todo, la Convención reconoce a cada país su soberanía para implantar políticas culturales que permitan tanto la salvaguarda como la promoción de la diversidad de sus expresiones culturales.-





La República Argentina, junto con 147 países, de manera casi unánime, adoptó en la Conferencia General de la UNESCO, la Convención para la Protección de la Diversidad de Contenidos Culturales y Expresiones Artísticas. Tras arduas negociaciones, que llevaron más de tres años, la votación se realizó el pasado 20 de octubre de 2005 con el voto negativo de los Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Australia, Nicaragua, Honduras y Liberia.



La aprobación de la Convención se enmarca en el espíritu del Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, que basa la dignidad del hombre en la educación para la justicia, la libertad y la paz. La Convención entiende a la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Una definición extraída de las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, que al reconocer los bienes culturales como una expresión de riqueza e identidad cultural le cierra el camino a la tendencia moderna de convertir todo en una mercancía. Precisamente, por ser “portadores de identidad, valores y significados” no pueden canjearse como mercancías. Es por eso que, si las naciones cumplen con su deber de difundir la cultura bajo la responsabilidad de colaboración y ayuda mutua, la Convención es un paso muy importante ya que abre el camino para los países en desarrollo que luchan por preservar su identidad cultural.



En tiempos en los que la primacía del mercado pone precio a todo, la Convención reconoce a cada país su soberanía para implantar políticas culturales que permitan tanto la salvaguarda como la promoción de la diversidad de sus expresiones culturales. Es también potestad de las naciones proteger su literatura, cine, teatro, música, canción, edición, poesía, televisión, folklore: las llamadas industrias culturales, que quedan excluidas de la lógica comercial del mercado que rige el comercio internacional.



Las políticas de Estado que culturalmente favorezcan la inclusión y la participación de todos los ciudadanos son indispensables para asegurar la cohesión social. De la misma forma, la consolidación de la democracia se asienta sobre el respeto a la pluralidad cultural. No obstante, los Estados se comprometen a que ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales podrá atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. Del mismo modo, cuando adopten medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales “procurarán promover de manera adecuada la apertura a otras culturas del mundo”.



Los derechos culturales constituyen un aspecto esencial de los derechos humanos, reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: toda persona tiene derecho a expresarse, crear y difundir sus obras; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos.



Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce como atribución del Congreso que éste debe: “17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; (...) 19. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”. Por lo tanto, la Convención no sólo reafirma los derechos reconocidos sino que se convierte en un instrumento para evitar la privatización de la cultura, y funciona como un contrapeso a las presiones que ejercen las negociaciones comerciales sobre los países para que contraigan compromisos de liberalización sobre la cultura, ya sea en el ámbito de las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, como en las relaciones bilaterales o multilaterales.



La Convención, además de afirmar el derecho soberano a implementar políticas culturales, compromete a los estados firmantes a esforzarse por crear un entorno que incite a los individuos y grupos sociales a “crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y crear las condiciones necesarias para que todos puedan tener acceso a ellas”.



La Convención servirá también como un foro de discusión para debatir sobre las políticas y los problemas a los que se enfrentan y, a través de sus órganos de seguimiento y de implantación, pondrá en marcha mecanismos para resolver los problemas que encuentren los Estados al adoptar políticas culturales.



A nadie escapa que la Convención es tan sólo un comienzo en la defensa de la diversidad cultural. En este proceso, debemos procurar que la ciudadanía aprecie, respete y defienda sus expresiones culturales porque son, como la calidad de su medio ambiente, la expresión de su lugar en el mundo.-

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