Destruyen la Reserva de Vaquerias

El convenio para enmendar el perjuicio ecológico lo rubricaron funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Córdoba con la rectora de la UNC, Carolina Scotto, quienes se propusieron en 120 días lograr la recomposición ambiental, la remediación de los efectos negativos sobre el ecosistema del valle de Sierras Chicas y Punilla, y la prevención de alteraciones futuras.
Uno de los puntos contemplados por el convenio es la realización de un estudio hidrogeológico para saber qué grado de impacto causó la obra. Pero antes que existiera este acuerdo, en febrero de 2011, los técnicos de la UNC encargados de auditar los daños que generaba la traza, habían alertado que “existe un claro y evidente perjuicio (…) y una clara falta de voluntad para hacerse cargo de las reparaciones por parte de quienes son responsables como autoridades del gobierno provincial”.

Los vecinos afectados consideran que el acuerdo entre el Ejecutivo provincial y la UNC es “un mamarracho jurídico” que “intenta diluir responsabilidades tapándolas con el dinero de todos los cordobeses”. Por eso, se opusieron y presentaron dos amparos en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, pidiendo que “se ordene la suspensión de la obra vial y se proceda a remover las escombreras a cielo abierto para “recomponer el daño ambiental”.

La Reserva Vaquerías fue creada mediante la Ley 8081 y forma parte del patrimonio de la UNC desde el 24 de septiembre de 1991. Tiene 400 hectáreas y está ubicada dentro de la Quebrada Vaquerías, a cinco kilómetros de la localidad de Valle Hermoso, sobre la Ruta Nacional Nº 38 (ver recuadro).
Raúl Policastro vive en Valle Hermoso, es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del grupo de vecinos que encabezó el reclamo judicial. En diálogo con Tiempo Argentino, Policastro señaló que “hoy lo que vemos es una ruta, una escombrera. Estamos con una espada de Damocles en la cabeza y se nos viene el derrumbe de tierra y piedras. En lugar de quitar la escombrera, lo que acordaron es tapizarla de pasto para que quede bonita para el turismo y el único impacto gravísimo que ellos reconocen es la cuestión paisajística.” 
La medida cautelar presentada por los vecinos dejó en claro que no están en contra del emprendimiento pero sí de las irregularidades e inconvenientes que ocasionó. “No desconocemos la trascendencia de la obra y los beneficios que posiblemente la misma traiga para la región, sin embargo, no podemos admitir que los mismos, se obtengan en desmedro de los aspectos medioambientales que hacen a la calidad de vida de la población, (…) y en colisión con los deberes y obligaciones que pesan sobre las autoridades públicas”, sostiene el escrito presentado por los damnificados ante el juzgado de Sánchez Freytes.
Si bien el juez dijo que no tenía competencia, los vecinos insistieron con una segunda presentación, en este caso, un amparo recusatorio. “Agregamos nuevas pruebas que equiparan la responsabilidad de la UNC con la constructora y el gobierno. Esperamos que ahora el juez reconozca el carácter federal del reclamo y tome el caso”, explicó a Tiempo el abogado Darío Ávila.
Para Sergio Gómez, otro vecino de Valle Hermoso, con el inicio de las primeras lluvias “vendrá un tsunami de piedra y lodo que si no se remedia va a ser  un peligro latente de bienes y de vidas”. Los testimonios se repiten y todos coinciden en que las responsabilidades son compartidas. Por un lado, señalan a la Dirección de Vialidad Provincial por no haber tenido en cuenta los informes técnicos que advertían sobre los riesgos del proyecto; y por el otro, a  la empresa constructora Britos SA, por haber destruido las sierras chicas sin contar con el certificado de impacto ambiental correspondiente, y no realizar las obras para evitar el daño ocasionado.
En la presentación judicial se denuncia a las partes por “haber omitido el cumplimiento de los deberes a su cargo, o al menos, por haber tolerado o permitido el desarrollo de las actividades contaminantes.” Los denunciantes consideran que se violó el artículo 41 de la Constitución Nacional y la normativa provincial 8081, en el marco de la Ley 6964 de áreas protegidas de Córdoba. 
Pero, ¿qué decían esos informes técnicos que la Agencia Córdoba Ambiente, un organismo del gobierno provincial, pasó por alto? Justamente, advertían que el desarrollo de la obra iba presentando irregularidades y que si no se corregían, los efectos podían ser irremediables. Así lo hicieron saber los técnicos del organismo el 24 de septiembre de 2007 en un memorándum interno dirigido al Área de Asuntos Legales y Auditorías de la Agencia Córdoba Ambiente, al que accedió este diario. Allí se informó que “se identificaron aspectos e impactos no evaluados”, y se recomendaba “dar participación a la UNC para evaluaciones respecto al impacto ambiental que ocurra en ella”. Pero esto sucedió recién el 14 de febrero de 2011, tres años y cinco meses después, cuando la propia universidad elaboró un informe del estado de situación del proyecto. En ese documento, que fue elevado a la Oficina de Asesoría Técnica del Rectorado, se dejó constancia por escrito de la falta de respuesta de la Dirección de Vialidad Provincial a sus inquietudes. Luego de realizar una segunda inspección, los técnicos de la UNC comprobaron que “lamentablemente no sólo no se tomaron las recomendaciones de la Comisión (…) sino que por el contrario el impacto ambiental había empeorado”, y concluyeron que ante esta realidad “no es conveniente que como comisión técnica sigamos realizando sugerencias ante la DPV (Dirección Provincial de Vialidad) hasta tanto no se observe una real intención por parte de ésta de modificar las acciones que han generado el daño”.
Los damnificados también hacen hincapié en que es la empresa contratista Britos SA la que debe hacerse cargo de la remediación y no el Estado provincial, es decir todos los contribuyentes de Córdoba. “Lo que hace la provincia con esta medida es socializar las penalidades. El dinero lo debe poner la empresa, no el Estado. Eso está regido por el principio constitucional del ‘contaminador pagador’, estipulado en los artículos 6 y 7 de la Ley 25.675”, sostuvo Policastro, para quien el monto a remediar debería ascender a 200 millones de pesos, una cifra diez veces mayor que lo estipulado.
La empresa tampoco realizó los llamados “pasafaunas”, unos túneles por debajo del camino que debía construir en lugares estratégicos para que los animales puedan cruzar de un lado a otro. Debía hacer cuatro, pero no hizo ninguno ya que se cambió el proyecto original al detectarse serios problemas técnicos en una de las bajadas.
La vecina Virginia Garay Fernández, quien también alzó la voz contra los perjuicios ocasionados por el “Camino del Cuadrado”, aseguró que “la obra empezó sin consultarles a los vecinos ni convocar a audiencia pública”. Para Garay Fernández, “las consecuencias hoy son visibles, porque la montaña está destruida, se han colocado escombreras en lugares que no correspondían y todo ese material está cayendo en la cuenca misma del arroyo Vaquerías que ya está tapado con casi cinco metros de sedimentos”.
Originalmente, la obra fue adjudicada en 2005, durante el gobierno de José Manuel de la Sota, cuando el actual mandatario cordobés, Juan Schiaretti, era vicegobernador. De hecho, fue el propio Schiaretti quien llevó adelante la apertura de los sobres de licitación. Luego de dar a conocer el nombre de la firma ganadora, manifestó: “Es una necesidad no sólo por la importancia turística que tiene interconectar Sierras Chicas con Punilla, sino porque es una ruta que conecta prácticamente toda la provincia”.
El 18 de junio de 2009, diez días antes de las elecciones legislativas que se celebraron ese año, se habilitaron los primeros 23 kilómetros de asfalto que unieron las localidades de Salsipuedes con La Pampilla, a 11 kilómetros de Valle Hermoso. Ahora, dos años más tarde y de nuevo coincidiendo con la campaña electoral, llega la inauguración del tramo final. Esta vez, esperan cortar la cinta del polémico camino los dos máximos referentes del PJ cordobés: Schiaretti y De la Sota.
Resta saber si se los permitirá la justicia