Duro informe sobre libertad de expresión en la Argentina

amenazan el acceso a la información de la ciudadanía”

El vicepresidente por la Argentina del Comité de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Francisco Baltasar Montes, advirtió ayer sobre un “clima de alta dosis de violencia, al menos verbal, e irritabilidad” contra el sector periodístico del país

Montes puso a consideración de la Asamblea de la SIP, que se realiza en Buenos Aires, los puntos que a juicio de los editores locales marcan un deterioro en la libertad de prensa en la Argentina, sobre todo aquellos referidos a la aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Montes, tal como hicieron otros países en la jornada de hoy, presentó un proyecto de informe sobre libertad de expresión en el país, que ahora deberá ser debatido por la Asamblea de la SIP, antes de su aprobación.

En el documento, se remarca que, “como consecuencia de una escalada del poder político contra los medios que culminó con el debate público y parlamentario que sancionó la nueva ley de Servicios Audiovisuales, este año fue tal vez el más complicado en mucho tiempo para el funcionamiento de las instituciones democráticas y, por supuesto, para el ejercicio del periodismo independiente”.

“Todo fue tenso, todo dividido, todo bajo sospecha, bajo el triste panorama de una confrontación entre periodistas, empresarios de medios de comunicación, funcionarios, especialistas y políticos, que no tiene antecedentes en la historia reciente del país”, apuntó Montes en el escrito.

Circulación de diarios. Los presidentes de la SIP, Enrique Santos Calderón; de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Gustavo Vittori, y de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba), Pablo Casey, repudiaron “los bloqueos sistemáticos a la circulación de diarios y revistas”.

Alertados por la situación solicitan la actuación del Gobierno nacional “a fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a las publicaciones de su preferencia y de los editores a seguir cumpliendo con el deber de informar”.

Afirman que estos hechos “amenazan el acceso a la información de la ciudadanía”.

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