Los medios de comunicación como garantes de la democracia‏

Laura Sesma
Diputada nacional, Partido Socialista

La libertad de expresión hace a la esencia de la democracia porque el sistema no existe sin ella. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel clave ya que pueden ser los garantes de la calidad democrática o los que la lesionan de muerte.

Los totalitarismos han aplicado desde siempre lo que podría denominarse como la institucionalización de la censura (es decir la censura como práctica periódica y legitimada desde el Estado) frente a toda posibilidad de crítica al régimen de gobierno.

En Argentina, luego del golpe militar de 1976, se aplicó de igual forma la censura, no sólo en la prensa, sino también en el cine, en la música, y en distintos ámbitos de la vida cotidiana, como método represivo de uso frecuente por el Estado.

En algunas de las imperfectas democracias actuales de América latina se utilizan de modo habitual mecanismos de censura que, aunque no tengan punto de comparación con aquellos regímenes dictatoriales, determinan la limitación o cercenamiento de la opinión pública y de la libertad de expresión.

Censura vehemente. Nuestro país no ha sido, lamentablemente, la excepción. Si bien han existido prácticas de censura desde 1983 a la fecha, desde su desembarco en el poder en 2003, el kirchnerismo ha hecho uso de cada uno de estos dispositivos de censura de manera vehemente.

Entre ellos, podemos mencionar la utilización de la pauta oficial como medio para premiar o castigar la “docilidad” o “rebeldía” de los medios de comunicación en general.

En los últimos días, han tenido repercusión dos fallos judiciales sobre el tema, que contienen importantes pronunciamientos al respecto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, por quitarle a un periódico neuquino publicidad oficial que ya tenía asignada previamente.

El máximo tribunal ha señalado que “El Estado no puede asignar los recursos de manera arbitraria, ni en base a criterios irrazonables”, como así también que “el factor económico tiene una fuerte influencia en la prensa actual, y la distribución de publicidad no debe ser utilizada para afectar la libertad de expresión”. Por último, determinó que “no es lícito privar” de ese tipo de avisos “a un diario cuando difunde una noticia contraria al gobierno”.

Finalmente, la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se hizo eco del fallo emitido por la Corte y condenó a la administración de Cristina Fernández a pautar en el diario Perfil y en otras publicaciones de la editorial del mismo nombre. Dicho tribunal ha sostenido que el Gobierno ha demostrado “una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al gobierno de turno”, lo que consideró como una clara “violación del principio de libertad de prensa”.

No es casualidad que pese a los anuncios oficiales y a la insistencia de sectores políticos y sociales no se haya modificado aún la Ley de Radiodifusión, uno de los símbolos de la dictadura. Se trataría nada más ni nada menos que de discutir y definir quiénes pueden ser propietarios de medios, cómo evitar su monopolio, cómo se distribuye la publicidad oficial, que rol y quiénes deben conducir los medios públicos, entre otros temas.

Otro elemento utilizado insistentemente por el Gobierno para limitar la libertad de expresión ha sido el uso de los medios oficiales (Radio Nacional, Canal 7, la nueva señal ministerial de cable Canal Encuentro) como elementos difusores de la propaganda oficial, lo que constituye una clara confusión entre los conceptos de medio de comunicación público y medio oficialista.

Crispamiento ante las críticas. Por otra parte, resulta curioso observar la manera poco común en que, tanto Néstor como Cristina Kirchner, han fustigado durante estos años a la prensa opositora, demostrando crispamiento ante cada una de las críticas que –desde distintos ámbitos– se esgrimieron contra el oficialismo, y señalando muchas veces a periodistas con nombre y apellido, lo cual conlleva con frecuencia el riesgo de hacerlos blanco de ataques o distintas agresiones.

Por último, un fenómeno reciente ha sido la creciente presión gubernamental a distintas empresas para que eliminen la publicidad en aquellos espacios de prensa cuestionadores de las políticas oficiales y, lo que es quizá peor, la compra de grandes medios por parte de empresas a las que el gobierno puede fácilmente presionar en el terreno de la obra pública.

En este marco, a lo largo de estos últimos ocho años, han perdido importantes espacios en los grandes medios voces críticas de gran reputación y envergadura.

Los periodistas Jorge Lanata, Ernesto Tennenbaum y Marcelo Zlotogwiazda perdieron –a poco de desembarcado Néstor Kirchner en el poder– sus espacios en el canal América 2.

Entre otros, resulta interesante destacar también los casos de los prestigiosos periodistas Pepe Eliaschev y Víctor Hugo Morales. Ambos perdieron sus programas (en Radio Nacional y Canal 7 respectivamente) por haberse manifestado, con la prudencia que caracteriza a dichos profesionales, contrarios a las políticas del Gobierno. Esto les valió el levantamiento de sus ciclos, mediante decisiones arbitrarias y controversiales, que causaron gran revuelo en la opinión pública.

El levantamiento del ciclo de Nelson Castro en Radio del Plata no es un hecho que revista menor gravedad en comparación con los enumerados anteriormente. Se trata de un hombre respetado y de un profesional serio, más allá de que uno pueda o no coincidir con sus ideas y visión de la actualidad.

Este fue el último –y quizá el más resonante– hecho que sirve para dar cuenta del constante y progresivo intervencionismo en los medios de que se ha valido el Gobierno. Con estas prácticas se afecta la libertad de expresión, que no es un derecho corporativo del periodismo, sino un derecho de la ciudadanía.

Defender la opinión contraria. “La libertad sólo para los que apoyan al gobierno, sólo para los miembros de un partido, no es libertad en absoluto… La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente”, escribió Rosa Luxemburgo en los albores del siglo 20. La pensadora socialista hacía referencia a que, en un Estado democrático, el poder político está siempre obligado a defender la existencia de la opinión contraria.

Debemos entender que la diversidad de opinión y la libertad para expresarla, junto al derecho a la verdad del que es titular la ciudadanía, son dos presupuestos fundamentales a tener en cuenta si anhelamos una sociedad educada, tolerante y políticamente activa, que es el único marco apto para consolidar y profundizar la convivencia democrática

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