La regionalización debe renacer por Emilio Graglia y Mariano Mosquera
ArtÃculo recomendado por Canal 11
A cuatro años de la sanción de la ley 9.206 y de la constitución de las 25 comunidades regionales, el proceso de regionalización en la provincia ha sufrido marchas y contramarchas dadas ciertas particularidades territoriales, sociales y políticas...
Como se mencionó en un informe de este diario del 6 de abril, se observa que en ciertos casos se registraron algunos avances importantes, mientras que en otros no se advierten grandes progresos. De acuerdo con las conclusiones de una investigación que concluimos a fines del año pasado en la Universidad Católica de Córdoba, creemos que las comunidades regionales que más avanzaron han sido aquellas que privilegiaron intereses comunes (productivos, sociales o ambientales) para la resolución conjunta de problemas regionales, aprovechando los incentivos institucionales del nuevo esquema formal y dejando de lado intereses partidarios y sectoriales.
Luego de la exitosa constitución de las 25 comunidades regionales en 2005, el Gobierno provincial promovió en el año 2006 la prestación de asistencia técnica por parte de las universidades con sede en la provincia, con el propósito de diseñar políticas públicas de desarrollo regional. Los convenios de cooperación Provincia-universidades destacaban la importancia de la gestión participativa y de la construcción social de conocimiento como condición del desarrollo, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales para la gestión.
Se destaca este proceso de diseño de políticas por generar un novedoso espacio de diálogo democrático entre los diversos actores sociales y políticos de las regiones junto a Provincia y universidades. Esto representó un inédito encuentro que por primera vez se daba bajo un esquema institucional integral provincial. Es decir, asociativismo municipal más política regional provincial con participación académica y social.
La participación en el proceso de regionalización, de las universidades cordobesas, no puede ignorarse ni debe despreciarse. La Universidad Católica de Córdoba, por ejemplo, después de asesorar al Gobierno provincial en la puesta en marcha de las 25 comunidades regionales en el año 2005, definiendo los problemas prioritarios de cada una de las regiones y las alternativas de solución (las conclusiones del trabajo constan en un libro de 284 páginas publicado por la Educc: Desarrollo, municipalismo y regionalización: un triángulo virtuoso. El caso Córdoba, coordinado por Emilio Graglia y Mario Riorda) pudo trabajar con las comunidades regionales de Río Seco, Colón, Calamuchita y Punilla durante el año 2006.
Al día de hoy, sigue trabajando con la Comunidad Regional de Punilla, en el marco de un proyecto de responsabilidad social que incluye desde asistencia técnica hasta investigaciones y publicaciones apoyadas por la Fundación Konrad Adenauer y la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la Nación.
También otras universidades han sustentado este proceso, entre ellas se destaca la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con equipos técnicos conjuntos y actividades de capacitación en materia de municipalismo y regionalización.
Desafíos a la vista. Indudablemente, las comunidades regionales han servido para que los gobiernos locales trabajen asociadamente a escala departamental. También para que la relación del Gobierno de la Provincia con el interior provincial se simplifique desde el punto de vista político e institucional. Pero la regionalización es (puede y debe ser) más, mucho más que eso. Para que la regionalización puesta en marcha a fines de 2004 se transforme en una verdadera política de Estado, debe ser reimpulsada fuertemente.
Es necesario (y urgente) un nuevo consenso entre la Provincia, las municipalidades y comunas de las diversas regiones. Un consenso que vaya más allá de las diferencias partidarias. Un consenso que fije nuevos objetivos y las formas de alcanzarlos en el corto, mediano y largo plazo. Un consenso que revise lo que se ha hecho, recoja las experiencias positivas y las traslade al conjunto de las regiones. Las condiciones están dadas. El Gobierno provincial ha demostrado decisión política y los gobiernos locales han renovado su vocación de diálogo.
Tanto la Provincia como las municipalidades y comunas de Córdoba reivindican este proceso y nadie propone desandarlo. Proceso que, vale la pena decirlo, ha sido estudiado por muchas provincias y países.
Ha llegado la hora de una nueva descentralización provincial a escala regional. Deben descentralizarse a las comunidades regionales competencias provinciales en cuestiones clave. Por supuesto, el poder de policía en las zonas no sujetas a la jurisdicción de los gobiernos municipales y comunales. Pero, también, funciones en materia de salud, educación y seguridad, junto con los recursos provinciales para financiarlas, obviamente.
Ha llegado la hora de discutir un régimen de coparticipación de impuestos para las comunidades regionales (condicionado a la efectiva transferencia de responsabilidades e independiente del 20 por ciento que corresponde a las municipalidades y comunas según la Constitución provincial). El consenso que auspiciamos debe especificar cuáles son las competencias a descentralizar y cuáles son los recursos a transferir para financiarlas.
En la búsqueda de ese nuevo consenso, deben estar las universidades apoyando técnica y profesionalmente. También las organizaciones de la sociedad civil que deben apropiarse del proceso de regionalización para que no sea solamente un proceso político e institucional.
Sin dudas, el camino andado es el punto de partida. Córdoba ha sido pionera y debe seguir siéndolo.
© La Voz del Interior
Luego de la exitosa constitución de las 25 comunidades regionales en 2005, el Gobierno provincial promovió en el año 2006 la prestación de asistencia técnica por parte de las universidades con sede en la provincia, con el propósito de diseñar políticas públicas de desarrollo regional. Los convenios de cooperación Provincia-universidades destacaban la importancia de la gestión participativa y de la construcción social de conocimiento como condición del desarrollo, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales para la gestión.
Se destaca este proceso de diseño de políticas por generar un novedoso espacio de diálogo democrático entre los diversos actores sociales y políticos de las regiones junto a Provincia y universidades. Esto representó un inédito encuentro que por primera vez se daba bajo un esquema institucional integral provincial. Es decir, asociativismo municipal más política regional provincial con participación académica y social.
La participación en el proceso de regionalización, de las universidades cordobesas, no puede ignorarse ni debe despreciarse. La Universidad Católica de Córdoba, por ejemplo, después de asesorar al Gobierno provincial en la puesta en marcha de las 25 comunidades regionales en el año 2005, definiendo los problemas prioritarios de cada una de las regiones y las alternativas de solución (las conclusiones del trabajo constan en un libro de 284 páginas publicado por la Educc: Desarrollo, municipalismo y regionalización: un triángulo virtuoso. El caso Córdoba, coordinado por Emilio Graglia y Mario Riorda) pudo trabajar con las comunidades regionales de Río Seco, Colón, Calamuchita y Punilla durante el año 2006.
Al día de hoy, sigue trabajando con la Comunidad Regional de Punilla, en el marco de un proyecto de responsabilidad social que incluye desde asistencia técnica hasta investigaciones y publicaciones apoyadas por la Fundación Konrad Adenauer y la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la Nación.
También otras universidades han sustentado este proceso, entre ellas se destaca la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con equipos técnicos conjuntos y actividades de capacitación en materia de municipalismo y regionalización.
Desafíos a la vista. Indudablemente, las comunidades regionales han servido para que los gobiernos locales trabajen asociadamente a escala departamental. También para que la relación del Gobierno de la Provincia con el interior provincial se simplifique desde el punto de vista político e institucional. Pero la regionalización es (puede y debe ser) más, mucho más que eso. Para que la regionalización puesta en marcha a fines de 2004 se transforme en una verdadera política de Estado, debe ser reimpulsada fuertemente.
Es necesario (y urgente) un nuevo consenso entre la Provincia, las municipalidades y comunas de las diversas regiones. Un consenso que vaya más allá de las diferencias partidarias. Un consenso que fije nuevos objetivos y las formas de alcanzarlos en el corto, mediano y largo plazo. Un consenso que revise lo que se ha hecho, recoja las experiencias positivas y las traslade al conjunto de las regiones. Las condiciones están dadas. El Gobierno provincial ha demostrado decisión política y los gobiernos locales han renovado su vocación de diálogo.
Tanto la Provincia como las municipalidades y comunas de Córdoba reivindican este proceso y nadie propone desandarlo. Proceso que, vale la pena decirlo, ha sido estudiado por muchas provincias y países.
Ha llegado la hora de una nueva descentralización provincial a escala regional. Deben descentralizarse a las comunidades regionales competencias provinciales en cuestiones clave. Por supuesto, el poder de policía en las zonas no sujetas a la jurisdicción de los gobiernos municipales y comunales. Pero, también, funciones en materia de salud, educación y seguridad, junto con los recursos provinciales para financiarlas, obviamente.
Ha llegado la hora de discutir un régimen de coparticipación de impuestos para las comunidades regionales (condicionado a la efectiva transferencia de responsabilidades e independiente del 20 por ciento que corresponde a las municipalidades y comunas según la Constitución provincial). El consenso que auspiciamos debe especificar cuáles son las competencias a descentralizar y cuáles son los recursos a transferir para financiarlas.
En la búsqueda de ese nuevo consenso, deben estar las universidades apoyando técnica y profesionalmente. También las organizaciones de la sociedad civil que deben apropiarse del proceso de regionalización para que no sea solamente un proceso político e institucional.
Sin dudas, el camino andado es el punto de partida. Córdoba ha sido pionera y debe seguir siéndolo.
© La Voz del Interior
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