Aprobaron ley que favorecería el aborto
La Cámara de Diputados le dio el visto bueno a un protocolo que elimina la discriminación contra las mujeres
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de adhesión del país al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, sus siglas en inglés).
La votación fue de 116 votos favorables, 30 negativos y 3 abstenciones.
La norma es sospechada de permitir "abrir la puerta al aborto" por los sectores católicos y algunos sectores de la derecha, pero en realidad es un protocolo adoptado por las Naciones Unidas en 1999 que dispone eliminar la discriminación contra las mujeres.
Si bien, la mayoría de los diputados prefirió no hablar e insertar su discurso en la versión taquigráfica de la sesión, dada la hora en se empezó a tratar el tema que se votó al filo de las 2 de la mañana y con casi ocho horas de sesión, fue el bussista Roberto Lix Klett quien criticó el proyecto y pidió la palabra.
El legislador tucumano se quejó por la falta de tiempo para hacer las observaciones al proyecto y afirmó que "el protocolo introduce solapadamente el aborto en la legislación argentina" y opinó que "es un cachetazo a la sociedad" que pone en "juego la vida humana".
La normativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, ya había sido aprobada sobre tablas en el Senado.
El referido protocolo establece "un sistema de comunicaciones que faculta a las personas o grupos de personas a presentarse ante el comité por violaciones a los derechos enunciados en la convención, similar al de los otros comités establecidos en el ámbito de las Naciones Unidas".
La ley menciona organismos ante los cuales se pueden efectuar denuncias como el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité contra la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. La iniciativa tuvo como militantes en la Cámara baja a las
kirchneristas Juliana Di Tullio y Juliana Marino, además de diputadas del radicalismo y el y ARI.
La convención crea una comisión de seguimiento habilitada para realizar denuncias a personas o a grupos de ellas cuando se consideren violados sus derechos.
El documento habla también de "la salud reproductiva" y el derecho de la mujer "a disponer de su propio cuerpo", lo que para los opositores traería aparejada la despenalización del aborto, cosa que los defensores niegan.
Agencia Dyn
La norma es sospechada de permitir "abrir la puerta al aborto" por los sectores católicos y algunos sectores de la derecha, pero en realidad es un protocolo adoptado por las Naciones Unidas en 1999 que dispone eliminar la discriminación contra las mujeres.
Si bien, la mayoría de los diputados prefirió no hablar e insertar su discurso en la versión taquigráfica de la sesión, dada la hora en se empezó a tratar el tema que se votó al filo de las 2 de la mañana y con casi ocho horas de sesión, fue el bussista Roberto Lix Klett quien criticó el proyecto y pidió la palabra.
El legislador tucumano se quejó por la falta de tiempo para hacer las observaciones al proyecto y afirmó que "el protocolo introduce solapadamente el aborto en la legislación argentina" y opinó que "es un cachetazo a la sociedad" que pone en "juego la vida humana".
La normativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, ya había sido aprobada sobre tablas en el Senado.
El referido protocolo establece "un sistema de comunicaciones que faculta a las personas o grupos de personas a presentarse ante el comité por violaciones a los derechos enunciados en la convención, similar al de los otros comités establecidos en el ámbito de las Naciones Unidas".
La ley menciona organismos ante los cuales se pueden efectuar denuncias como el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité contra la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. La iniciativa tuvo como militantes en la Cámara baja a las
kirchneristas Juliana Di Tullio y Juliana Marino, además de diputadas del radicalismo y el y ARI.
La convención crea una comisión de seguimiento habilitada para realizar denuncias a personas o a grupos de ellas cuando se consideren violados sus derechos.
El documento habla también de "la salud reproductiva" y el derecho de la mujer "a disponer de su propio cuerpo", lo que para los opositores traería aparejada la despenalización del aborto, cosa que los defensores niegan.
Agencia Dyn
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