Mensajes de la Argentina secreta

Cuando resta sólo un puñado de años para celebrar el Bicentenario de la Patria, no se observa la gestación de ámbitos institucionales de diálogo entre los actores sociales que tengan capacidad de poner en debate los temas sustanciales relacionados con el modelo de país que queremos construir para nuestros hijos y nietos. Se nota, más bien, una tendencia a transitar superficialmente por la coyuntura arropados con discursos de ocasión. Se trata, sin lugar a dudas, de la más importante asignatura pendiente que atañe al conjunto del campo popular.

Mientras tanto el mundo sigue girando y afloran como hongos los mensajes de texto que envía la Argentina secreta. Con intermitencias y muchas veces de manera aislada, aunque es público y notorio que cada vez alcanzan mayor intensidad.

Basta echar una mirada a vuelo de pájaro a nuestra geografía para encontrar pruebas al canto. Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, ex funcionario de Menem y Cavallo, se obstina en forzar el texto constitucional para intentar su re-reelección en el mayor distrito electoral del país, el Tesoro de la provincia es fiel reflejo de los números en rojo de sus estados contables. Pese a ello, acaba de anunciar que persistirá con su política de endeudamiento En ese contexto, la tregua alcanzada con docentes y trabajadores de la administración pública se torna frágil e inestable.

Su par cordobés, José Manuel De la Sota, no le va en zaga. El otrora imponente aparato del PJ cordobés sólo alcanzó para ofrecerle una escuálida demostración de respaldo a su gestión frente a la Casa de Gobierno, después de la avalancha de protestas multitudinarias de docentes y estatales por mejoras salariales. A tal punto se sintió acorralado por el malhumor social, que por primera vez en sus siete años de mandato se vió obligado a solicitar la conciliación obligatoria con los gremios rebeldes para ganar tiempo y poner paños fríos.

En Santa Fé, Jorge Obeid ha metido violín en bolsa y ante la falta de candidatos con peso propio del justicialismo para las elecciones a la gobernación del año próximo, ha optado por preparar una retirada ordenada que no está excenta de recurrentes desencuentros con los empleados del Estado provincial. Todo ello, bajo la nube de impunidad que cubre a los responsables políticos de las trágicas inundaciones del año 2003, y a la herida abierta en la conciencia colectiva que significa el crimen de Pocho Lepratti en Rosario a manos de la patota policial en las cruentas jornadas de diciembre de 2001.

El misionero Carlos Rovira, en tanto, mira para otro lado, o, para mejor decirlo, acompaña con mirada cómplice el sistemático avasallamiento de la empresa de celulosa transnacional Alto Paraná a los derechos de sus trabajadores y a la consecuente violación de la libertad y democracia sindical,
preocupadísimo en lograr una enmienda constitucional que le permita a él y a su vicegobernador ser reelectos en el 2007. No hace falta añadir que su relación con los empleados públicos dista de ser cordial.

No es muy distinto el panorama en otras provincias argentinas gobernadas por caciques de distinto signo partidario pero -señal irrefutable de la crisis de representación política- indiferenciados ideológicamente que han endeudado a sus administraciones hasta el caracú y que con llamativa frecuencia echan mano de
sus policías bravas para acallar el conflicto social.

La caja del bombero
El monumental superávit fiscal, el proceso de sustitución de importaciones, el boom de la soja que se siembra hasta en las banquinas de las rutas de todo el país, en fin, el crecimiento global de la macroeconomía, son insuficientes para ocultar la crisis económica y social que atraviesa de lado a lado a la mayoría de las provincias. Una situación de emergencia que no se traduce en una crisis política de gobernabilidad del sistema simplemente porque la abundante y generosa caja del Estado nacional funge de bombero para apagar los incendios y auxilia puntualmente a los tesoros provinciales para tapar los huecos presupuestarios y patear la pelota hacia adelante. Por lo menos, hasta las
elecciones del 2007.

La frase "no se puede gobernar sin el apoyo del Gobierno nacional" no corresponde a ningún filósofo contemporáneo. Es el leit motiv de los dirigentes provinciales de cualquier pelo y señal que define, mejor que cualquier tratado político, la minusvalía del federalismo en nuestro país. Los datos son objetivos: aunque la cuerda se siga estirando gracias a la época de vacas gordas que abulta las arcas del gobierno central, si no se aborda el problema de manera integral en algún punto la soga se terminará cortando.

La cuestión de fondo pasa, entre otros varios asuntos, por la inviabilidad del actual sistema de coparticipación federal, el desarrollo regional desigual, la corrupción y feudalización del poder institucional en la mayor parte de las provincias y la inequitativa distribución de la riqueza. En suma, sigue vacante la vertebración de un nuevo proyecto nacional.

Los trabajadores dependientes de los estados provinciales y municipales que no suscriben acuerdos paritarios y a los que no alcanzan medidas como el salario mínimo, vital y móvil, son algunos de los habitantes de la franja de millones de argentinos que revisten en condición de pobreza pese a tener trabajo remunerado.

Queda claro, pues, que estos sectores encabezan las movilizaciones en demanda de una urgente recomposición salarial y mejores condiciones laborales.

Acostumbrados a administrar sus provincias como capataces de estancia, los gobernadores se debaten con la marea social que los interpela desde el subsuelo de la Patria sublevada apelando a respuestas poco originales.

Como no podía ser de otra manera, la mayoría de esos conflictos están encabezados por organizaciones sindicales y movimientos sociales enrolados en la CTA. La central de trabajadores, una construcción eminentemente federal, promueve la visibilización del estado latente de confrontación en el marco de
la puja redistributiva del ingreso, difundiendo y amplificando todas y cada una de esas luchas que se van articulando a lo largo y ancho del país y trasladando esa realidad a la Capital Federal.

En efecto, en los últimos días hubo una movilización de CTERA-CTA frente a la Casa de Córdoba, ayer se registró otra de la FeTIA y la CTA porteña a la de Misiones y mañana será el turno de marchar a la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires para respaldar los reclamos de los trabajadores hospitalarios y judiciales de esa provincia.

Un toque de atención a la opinión pública nacional desde la otra vereda de la agenda oficial que imponen los grandes medios de comunicación. Un modo de anotar las penurias de cientos de miles de trabajadores de las provincias que, por otro lado y aunque no tengan la misma repercusión mediática, no son muy diferentes de las que se padecen en la Capital y el conurbano bonaerense.

El desarrollo sigue siendo un proceso de transformación de cada espacio nacional. Es necesario consensuar mecanismos de solidaridad y subsidiariedad en las responsabilidades de los diferentes niveles jurisdiccionales y en la potestad económica. El resultado será un fortalecimiento y legitimación de la
política como instrumento democrático para hacer del federalismo un recurso institucional útil para crear riqueza, mejorar la distribución del ingreso y garantizar efectivamente los derechos civiles, políticos, económicos y sociales para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan nuestro suelo.

Para remover los obstáculos montados durante décadas por el bloque de poder hegemónico neoliberal que impiden avanzar con mayor unidad, consistencia y solidaridad por el camino de la justicia social, es urgente e imprescindible convocar a la organización popular en todas sus manifestaciones y dotar a la
política cotidiana, en todos los frentes, de más democracia, militancia y participación.

Juan Carlos Giuliani

* Secretario de Comunicación de la CTA y secretario general de la CTA Córdoba.

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