INFORME DE LA VOZ DEL INTERIOR: "EN DEUDA CON LA JUSTICIA"

El Gobierno nacional instruyó a gobernadores, intendentes y jefes comunales para que utilizaran a jefes de familia desocupados para la realización de obras de infraestructura urbana (construcción de viviendas, obras de tendido de agua corriente, de cordón cuneta, de salones de usos múltiples, mejoramiento de caminos, reparación de escuelas y hospitales, mantenimiento de espacios verdes, plantas textiles y otras).

Los distintos proyectos eran aprobados y las obras no podían extenderse más allá de los seis meses. Durante ese lapso, los beneficiarios del Programa Trabajar cobraban 200 pesos por mes.

Lo que nació como un plan dirigido a los que menos tenían rápidamente se convirtió en una herramienta que le abrió la puerta al clientelismo. Mientras había argentinos pobres que tenían un respiro por unos pocos meses y realmente se ganaban los 200 pesos con su esfuerzo, muchos otros cobraban mientras se quedaban en su casa.

El uso y abuso de esas ayudas económicas derivó en verdaderos escándalos.

Se detectaron empleados públicos y policías (de algunas provincias, incluida Córdoba) que eran beneficiarios de planes Trabajar.

Al cabo de dos o tres años y ante la falta de controles, la cartera laboral realizó inspecciones de las obras realizadas con mano de obra aportada por los planes Trabajar (fueron tres), constatando que muchos intendentes y jefes comunales de Córdoba dejaron los proyectos inconclusos, otros ni siquiera los comenzaron y dieron un destino distinto a los fondos enviados por la Nación, e incluso hubo casos en que quienes figuraban como beneficiarios jamás cobraron los 200 pesos.

El correlato de la constatación de irregularidades fueron las denuncias en la Justicia Federal. La fiscal Graciela López de Filoñuk tomó cartas en el asunto y muchos terminaron imputados por defraudación por administración infiel, delito que contempla penas de hasta 6 años de prisión.

Elevación a juicio. En esa causa están imputados los ex intendentes de Cura Brochero, Luis Ernesto Oliva, el de Los Cocos, Jorge Aníbal Monayar, y el de Capilla del Monte, Patricio Marcelo Lusianzoff. A ellos se agregan los presidentes comunales de Sauce Arriba, Juan Carlos Nievas, de San Vicente, Ejidio Franklin Romero, y de Panaholma, Pastor Noé López. El séptimo imputado es Guillermo Alberto Vega, quien habría adquirido materiales para las obras que había prometido el intendente Oliva.

La situación más comprometida es precisamente la de Oliva, quien fue intendente de Cura Brochero durante 16 años.

Se le atribuyen seis hechos, pero tiene una condena en suspenso a dos años de prisión por el manejo doloso de un ATN (aporte del Tesoro Nacional) por 85.580 pesos, dictada por el Tribunal Oral Federal N°1.

Asimismo, Oliva estuvo un tiempo preso y sigue investigado en la órbita de la Justicia provincial por defraudación calificada por administración fraudulenta, además de haber emitido 56 cheques sin fondo.

En la elevación a juicio de esta causa se describe cada uno de los hechos atribuidos al ex jefe municipal de Cura Brochero.

Además de reseñar numerosas obras que nunca se concluyeron y otras que ni siquiera se empezaron, uno de los hechos más graves que se le imputa es el haber despojado de los 200 pesos a 40 beneficiarios inscriptos para realizar una obra que demandaría cinco meses de ejecución.

La fiscal sostiene que los desocupados eran “obligados a adquirir material de construcción en la Ferretería Astiazu de Mina Clavero”. En este hecho también está imputado Guillermo Alberto Vega, que era el capataz de Oliva.

En tanto, el ex intendente Monayar está imputado de dos hechos de administración infiel y Lusianzoff de dos hechos de falsedad ideológica, por certificar la finalización de sendas obras que no concluyeron.

En cuanto a los ex jefes comunales, Nievas tiene dos hechos de administración infiel, mientras que sobre Romero y López pesa un solo caso.

Hablan los defensores. Los entendidos en fútbol sostienen que la mejor defensa es un buen ataque.

Podría decirse que esta es la consigna del abogado Eduardo Cúneo, defensor del ex intendente Oliva, quien sostiene que “todos, los que acusaron y los que juzgan (fiscales y jueces), sabían bien que lo de los planes Trabajar era un disfraz para que el Estado nacional pueda entregarles dinero a las comunas y municipios pobres a través de subsidios”.

Cúneo reconoce asimismo que el dinero de los subsidios enviados para los desempleados a veces “se destinaba para el pago de sueldos” de los empleados municipales. También afirma que las imputaciones que pesan sobre su defendido son producto de “una interpretación tendiente a justificar denuncias contra lo que era el menemismo”.

Admitió el abogado que Oliva fue detenido por haber recibido una condena en suspenso de la Justicia Federal, pero el fiscal de Villa Dolores que lo metió preso “por una multiplicidad de delitos lo puso en libertad por su falta de peligrosidad”.

El juicio contra los ex funcionarios debía iniciarse el próximo martes en el Tribunal Oral Federal N°1, pero ante la imposibilidad de uno de los abogados que no puede estar presente porque ya tenía fecha prevista para un debate en el ámbito de la Justicia provincial, se postergó para el 12 de junio. Es poco probable que empiece este juicio porque para el mismo día, el Tribunal fijó el comienzo de un nuevo proceso contra militares por crímenes de lesa humanidad.

Acusaciones y réplicas. Acerca de las postergaciones para juzgar la conducta de los ex intendentes y presidentes de comunas, desde la Justicia explican que los abogados “ponen trabas”.

Quien no está de acuerdo con esa postura es Maximiliano Machuca, defensor de Ejidio Franklin Romero, de San Vicente.

“Podríamos haber hecho planteos de prescripción para posponer el juicio, pero mi cliente es inocente. Lo único que desea es que se aclare su situación. Está enfermo, muy mal anímicamente y sólo aspira a que se limpie su nombre de esta desagradable situación que le toca vivir”, precisó su representante legal.

Las irregularidades investigadas en la causa contra los ex intendentes son una pequeña muestra de las irregularidades que opacaron el Plan Trabajar.

Una de las principales causas que favoreció la utilización del dinero de los pobres fue la falta de información oficial sobre los destinos de esos fondos.

No hay que perder de vista que de los reclamos por planes de quienes dejaban de percibirlos o de los que nunca los recibieron, surgieron los piquetes.

Los imputados

Son los ex intendentes Luis Oliva (Cura Brochero), Jorge Monayar (Los Cocos) y Patricio Lusianzoff (Capilla del Monte). Y los ex presidentes comunales Juan Carlos Nievas (Sauce Arriba), Ejidio Romero (San Vicente) y Pastor López, Panaholma. El séptimo imputado es Guillermo Alberto Vega.

               Por Miguel Duran La Voz del Interior

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