El oficialismo se impuso y aprobó el proyecto de control de medios
Anticipan que habrá juicios millonarios
El Senado aprobó esta madrugada en general el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual que pone fin al decreto 22.285 de la última dictadura, al obtener 44 votos positivos y 24 en contra.
Luego de la votación en general, que se produjo a las 2.27 de hoy, el cuerpo llevaba a cabo el debate en particular de los artículos, pero la definición se perfilaba favorable al deseo del oficialismo de no introducirle cambios.
A las 2.53 de hoy, en el voto artículo por artículo se aprobó una de las disposiciones más polémicas: la integración del directorio de la autoridad de control. En ese punto, la votación fue 40 a 29 a favor del proyecto kirchnerista.
Antes de la votación, el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, sostuvo que la ley es "una norma democrática moderada que le permite a las empresas tener una cuota importante del espacio audiovisual" y acusó a la oposición de tener "una visión de la democracia consensual que no existe en el mundo".
Desde el mismo comienzo del debate, a las 10.30 de ayer, hora en que el Frente Para la Victoria logró reunir el quórum sin inconvenientes, el clima que rodeó al recinto de la Cámara alta reflejaba que el resultado estaba escrito: entusiasmo en el bloque oficialista y desazón en las bancadas opositoras que, en diálogo con este diario, admitieron que sus cálculos más optimistas se habían derrumbado "a partir del abroquelamiento del kirchnerismo y el inesperado voto de la radical correntina Dora Sánchez".
A lo largo de las casi 16 horas de debate se fueron perfilando los posicionamientos tal como cada bancada lo había estimado en las reuniones que mantuvieron en las horas previas a la sesión.
El oficialismo sabía que superaría los 40 votos porque algunos senadores propios y de otras bancadas aclararon que apoyarían en general la ley pero tomarían distancia de algunos artículos en el debate en particular: fueron ellos la chubutense Silvia Giusti, el neuquino Horacio Lores (MPN), el tucumano Carlos Salazar, el jujeño Guillermo Jenefes, y el socialista santafesino Rubén Giustiniani. Sorprendió el rechazo de la rionegrina María José Bongiorno, integrante de la bancada del FPV que criticó la ley y anoche mismo estaba a punto de ser expulsada de su partido, el Frente Grande.
Cambio de voto. La oposición, en tanto, vio frustradas sus expectativas de introducirle cambios a la norma al escuchar a la oficialista chaqueña Elena Corregido muy alineada con su bloque y anticipar el apoyo a la ley en general y en particular.
"Esperábamos un escenario más parecido al de la Resolución 125, cuando Corregido votó en contra de su bloque", admitió un senador opositor.
La ley establece topes a la cantidad de licencias que puede tener un mismo concesionario: una misma empresa podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable, y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
La duración de estas licencias será de 10 años, en lugar de los 15 que comprendía la antigua normativa, y cada dos años se controlarán para evitar que con la digitalización un mismo licenciatario multiplique sus señales.
El reparto. Además, la normativa considera a la comunicación audiovisual una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, y en ese sentido reparte el espectro en tercios: uno para la actividad privada, otro para el Estado y el último para las organizaciones de la sociedad civil.
En la apertura del debate, el senador kirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz) rechazó terminantemente que la ley regule contenidos y advirtió que la tensión y la crispación que provocó su tratamiento "es propio de cuando se discuten intereses económicos".
"La política debe elegir de qué lado de la tensión juega, y nosotros elegimos jugar del lado de la sociedad, de los que no tienen voz, y de los usuarios", expresó.
Reutemann. El peronista disidente Carlos Reutemann fundamentó su rechazo al proyecto y llamó a los senadores a "enmendar los errores" del texto que llegó de Diputados. "Esta ley no democratiza el uso del espectro radioeléctrico, sólo cambia los actores preexistentes por nuevos protagonistas", sostuvo.
En sentido crítico se pronunciaron también otros peronistas disidentes y la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro.
Ernesto Sanz, titular del bloque radical, fustigó al Gobierno nacional por colocar a la ley en un virtual campo de "batalla" y concluyó que "no se puede vivir en un país sometido a los berrinches de las personas".
La nueva norma aprobada en general tiene un régimen de sanciones escalonadas para aplicar a los licenciatarios que la Autoridad de Aplicación estime que cometieron infracciones.
El texto establece que "los titulares de licencias o autorizaciones de los servicios de comunicación audiovisual son responsables de la calidad técnica de la señal y la continuidad de las transmisiones (art. 101)".
Además, "el incumplimiento de las obligaciones establecidas dará lugar a sanciones que van desde un mínimo llamado de atención y va creciendo para contemplar multas, suspensión de la publicidad y hasta la caducidad de la licencia o registro".
La Voz del Interior
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lamentable, una ley mordaza, una ley que reemplaza a una dictadura por otra dictadura pseudo democratica y que solo busca un fin, el poder absoluto sobre la opinión publica por parte de una sola persona NK, pero la verdad corre por otro lado, en el 201