La inmadurez de la política se hace ley en radiodifusión
Miguel Pérez Gaudio. Rector del Colegio Universitario de Periodismo
No se ha realizado un diagnóstico completo y profundo de la realidad y su proyección en materia de comunicación y diversificación de los espectros y nuevas tecnologías.
El principal poder que gobierna el mundo es la economía; el segundo, casi simultáneo y funcional a la manipulación de la humanidad, es la comunicación, normativa en cada país, pero indiferenciada e invasora en lo internacional.
El Gobierno argentino, con inusitada velocidad en los plazos parlamentarios, ha oficializado su proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta ahora exclusivo y excluyente de un auténtico debate de consenso nacional y con las exigencias y calidades exigibles.
La nueva legislación reemplazaría la ficción pre-existente, originada en la dictadura de 1976 pero conservada y usufructuada por los gobiernos democráticos que le sucedieron. Los cambios producidos estuvieron justificados en derogaciones fundamentales, pero corrigieron la norma en beneficio de intereses, lo que de ninguna manera restituyó la confianza en una legislación inteligente y equilibrada para el bien común de la sociedad.
Quienes nos especializamos en comunicación social desde hace 40 años, luego de una lectura de los 157 artículos de la iniciativa oficialista del poder central, puntualizaremos algunos aspectos relevantes y vinculantes.
Primero, como ha sucedido con otras importantes leyes nacionales (por ejemplo, la de Educación), no se ha realizado un diagnóstico completo y profundo de la realidad y su proyección en materia de comunicación y diversificación de los espectros y nuevas tecnologías.
Segundo, el capítulo “definiciones”, que sería el soporte para los discursos que fundamenten la legislación, ni siquiera ha tenido en cuenta partir de lo principal: definir qué es la comunicación. La comunicación establece las relaciones sociales que contribuyen al mejor desarrollo de la vida de los seres humanos, a través de los medios tecnológicos. Es ontológica, antropológica, sociológica, semiótica y pedagógica antes que reguladora, técnica y económica. Comunicar es tener confianza en el otro, como fundamento de la convivencia de la humanidad y la igualdad de los iguales.
Tercero, siendo que de lo que se trata es de licenciar, regular y administrar los medios masivos de comunicación, resulta fundamental otorgar a ello un sentido normativo y funcional, ya que los medios son “escuelas formadoras de personas” y no una mera excusa de poder y entretenimientos frívolos y banales, en tanto que sus contenidos –de la naturaleza que fuere– son guardianes de la libertad de conciencia de todo el hombre y de todos los hombres.
Cuarto, al declamarse el proyecto como democrático en la distribución de licencias y categorías para acceder a ellas, privilegia a corporaciones universitarias –sin distinguir entre públicas y privadas– y excluye a los institutos y colegios universitarios de la enseñanza superior, pertinentes a la comunicación especializada en la materia.
Por último, en ninguna parte del abrumador y polémico documento se contempla la participación e integración de los destinatarios de los servicios –los públicos–, legítimos propietarios del bien tutelar de la comunicación, al que debe reconocérsele educacionalmente conciencia y formación crítica, activa y creativa.
© La Voz del Interior
El Gobierno argentino, con inusitada velocidad en los plazos parlamentarios, ha oficializado su proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta ahora exclusivo y excluyente de un auténtico debate de consenso nacional y con las exigencias y calidades exigibles.
La nueva legislación reemplazaría la ficción pre-existente, originada en la dictadura de 1976 pero conservada y usufructuada por los gobiernos democráticos que le sucedieron. Los cambios producidos estuvieron justificados en derogaciones fundamentales, pero corrigieron la norma en beneficio de intereses, lo que de ninguna manera restituyó la confianza en una legislación inteligente y equilibrada para el bien común de la sociedad.
Quienes nos especializamos en comunicación social desde hace 40 años, luego de una lectura de los 157 artículos de la iniciativa oficialista del poder central, puntualizaremos algunos aspectos relevantes y vinculantes.
Primero, como ha sucedido con otras importantes leyes nacionales (por ejemplo, la de Educación), no se ha realizado un diagnóstico completo y profundo de la realidad y su proyección en materia de comunicación y diversificación de los espectros y nuevas tecnologías.
Segundo, el capítulo “definiciones”, que sería el soporte para los discursos que fundamenten la legislación, ni siquiera ha tenido en cuenta partir de lo principal: definir qué es la comunicación. La comunicación establece las relaciones sociales que contribuyen al mejor desarrollo de la vida de los seres humanos, a través de los medios tecnológicos. Es ontológica, antropológica, sociológica, semiótica y pedagógica antes que reguladora, técnica y económica. Comunicar es tener confianza en el otro, como fundamento de la convivencia de la humanidad y la igualdad de los iguales.
Tercero, siendo que de lo que se trata es de licenciar, regular y administrar los medios masivos de comunicación, resulta fundamental otorgar a ello un sentido normativo y funcional, ya que los medios son “escuelas formadoras de personas” y no una mera excusa de poder y entretenimientos frívolos y banales, en tanto que sus contenidos –de la naturaleza que fuere– son guardianes de la libertad de conciencia de todo el hombre y de todos los hombres.
Cuarto, al declamarse el proyecto como democrático en la distribución de licencias y categorías para acceder a ellas, privilegia a corporaciones universitarias –sin distinguir entre públicas y privadas– y excluye a los institutos y colegios universitarios de la enseñanza superior, pertinentes a la comunicación especializada en la materia.
Por último, en ninguna parte del abrumador y polémico documento se contempla la participación e integración de los destinatarios de los servicios –los públicos–, legítimos propietarios del bien tutelar de la comunicación, al que debe reconocérsele educacionalmente conciencia y formación crítica, activa y creativa.
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