Alerta por inminente desalojo de campesinos

Comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba

“Un desalojo más”

Al letargo de las políticas provinciales de tierras, se le impone la prisa de un ávido empresario porteño que fácilmente tiene su apoyo en los estrados de la justicia de Deán Funes, quien motoriza la medida impulsando el lanzamiento y la represión paradójicamente es un ex intendente de facto abogado promotor de varias causas en contra de los campesinos del Movimiento Campesino de Córdoba, el doctor Guillermo Córdoba. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo de la Provincia el reclamo campesino duerme el sueño de la injusticia.

El día jueves 14 de mayo, Adriana Romero, esposa de Roberto Bustamante, recibió en su casa, en el paraje rural “Las Chuñas”, departamento Ischilín, una notificación judicial que decía “en el término de 24 horas deben desalojar”. El plazo según la cuenta legal se cumple este lunes 18 de Mayo.

Roberto, de 31 años, ha nacido y se ha criado en el campo las Chuñas. Su padre Ezequiel Bustamante trabajó en ese campo para el señor Ernesto Peña desde el año 1976, hasta 1978. Luego el señor Peña, desde el 78 hasta el 2001 no volvió nunca más, dejando abandonado el campo y a su empleado por más de 22 años.

Desde 1978 hasta la actualidad, Don Ezequiel Bustamante primero (hoy fallecido) y su hijo Roberto después, han  cuidado del campo como sus legítimos poseedores y dueños; allí han producido y realizado todas las tareas que llevan adelante con gran esfuerzo las familias campesinas, a la fecha son más de treinta años.

Roberto ha constituido junto a su mujer, Adriana, su familia en ese lugar, habiendo sido padres de un bebé llamado Valentín que hoy tiene ocho meses.

Supuestamente la ley Argentina garantiza que quien posee, como en este caso, por más de veinte años un inmueble se convierte en su legítimo dueño, mediante el instituto jurídico conocido como prescripción adquisitiva.

No obstante la supuesta garantía legal, el empresario porteño Ernesto Peña, especulando con el valor de las tierras, a su regreso a la zona luego de 22 años de total abandono, en el año 2004 le inició juicio de desalojo a la familia Bustamante.

Luego de diversas instancias judiciales -una sentencia del juzgado Civil de Primera Instancia de la ciudad de Deán Funes y una Sentencia de la Cámara Civil de la misma ciudad, que condenaban a Roberto Bustamante a entregar sus tierras al señor Peña- desde noviembre de 2007 la causa se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y todavía no se ha expedido.

Sin embargo y argumentando una cuestión técnica (que el Recurso Directo interpuesto ante el TSJ no suspende la sentencia anterior) el temerario abogado del empresario porteño, doctor Guillermo Córdoba, de apariencia correcta y honesta -quien fuera intendente de la ciudad de Deán Funes durante la  última dictadura militar e intentara desalojar a varias familias campesinas de la zona en diversas oportunidades- hoy solicita el DESALOJO, no obstante que el TSJ, a su ritmo, no se haya expedido sobre el fondo de la cuestión.

Pero la historia no termina aquí, sino que el miércoles 27 de mayo Roberto Bustamante debe enfrentar un juicio penal por hurto. El empresario Peña lo denunció por haber cortado postes del campo, es decir, de su propio campo, del campo sobre el cual la justicia aún no ha terminado de expedirse.

La gravedad institucional de esto radica en  que la fiscalía de Deán Funes permitiera que una causa sin pies ni cabeza llegue a esa instancia y que las reiteradas denuncias formuladas por Bustamante debido a las continuas amenazas e intimidaciones del empresario hayan sido archivadas.

El escenario es claro, el hilo se corta por lo más fino y débil.
 
Vivimos en una provincia en que somos un estorbo para el poder de los agronegocios, quienes no sólo dominaron las rutas, la policía y atemorizan a la mala política, sino que además controlan la justicia. Así los “señores de la tierra” un día nos dejan sin trabajo, luego un lunes nos quieren desalojar, y ya en la calle el miércoles nos sientan en el banquillo de los acusados para tratarnos de ladrones de lo nuestro.