Violencia Doméstica: agravamiento de los episodios
Trabajan sólo sobre un 17% de denuncias
Una de las máximas preocupaciones de la sociedad es la violencia doméstica. “En sólo cuatro meses, de marzo a julio pasado, ingresaron 600 denuncias a la Unidad Judicial de Violencia Familiar”. ..
El agravamiento de los episodios, y de la consecuente inquietud social, fueron interpretados y canalizados por la Justicia con la sanción de la ley provincial de Violencia Familiar, a mediados de marzo pasado. La ley 9.283 fue reglamentada de inmediato, a través de la acordada 813, emanada del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Su vasto articulado dispuso, entre otras cosas, la creación de la respectiva unidad dentro de Policía Judicial.
Hay coincidencia en que, hasta ahí, el tema anduvo rápido y bien. El cuerpo legal y su instrumentación están orientados apropiadamente, aseguran los entendidos, con la intención de humanizar todo el proceso y de que el Estado intervenga sin agravar los hechos.
En especial, “la ley busca no re-victimizar” al niño o adulto víctima de maltrato o abuso, destacan el psicólogo Hugo Ñáñez y el médico legista Atilio Bollo, ambos de Policía Judicial. Hasta la concreción de los avances técnicos y procesales, hubo un largo pasado en el que hacer una denuncia de esta índole significaba un calvario adicional, por lo cual a menudo se prefería guardar silencio.
Sin embargo, los números indican que, por el momento, los progresos se circunscriben al espíritu de la ley. En los hechos se habría producido un pronto estancamiento de los casos denunciados, situación denunciada por el gremio respectivo y motivo de este informe.
“En sólo cuatro meses, de marzo a julio pasado, ingresaron 600 denuncias a la Unidad Judicial de Violencia Familiar”, alerta Walter Chilo, empleado de Policía Judicial y referente gremial.
“De ese total, sólo un centenar de denuncias fueron elevadas a las fiscalías correspondientes. Las 500 restantes están detenidas, en gran parte a la espera de los medios necesarios para completarlas”, concluye Chilo.
Una de las fases primordiales para completar el trámite es la constatación y detección del problema. Para ello hace falta personal altamente capacitado, y disponible. Por otro lado, los mismos empleados advierten que tampoco es sencillo dirimir la tipología del hecho y adónde derivarlo.
Para el criminalista y dirigente sindical Walter Chilo, una causa preponderante de esta realidad es la escasez de recursos humanos y técnicos de Policía Judicial. “Nuestra aflicción, es que alguno de esos casos se agrave y termine en muertes o lesiones graves que podrían haberse evitado, como las que ocurrieron en los últimos tiempos”, advierte.
En estos momentos, y según la fuente gremial, la mencionada Unidad cuenta con 10 sumariantes y nueve investigadores policiales. “La relación mensual entre requerimiento y número de personal es de 20 a uno”, ejemplifica una encuesta realizada por el Instituto de Formación e Investigación (IFI).
La mayoría de los oficios corresponde a la comisión de delitos como maltrato físico o amenazas, que suelen ser la consecuencia de una pésima relación marital.
“En general, la denominada violencia doméstica, o conyugal, es la que origina la violencia familiar”, explica Hugo Ñáñez. A su vez, en este punto radica una de las claves para entender las perspectivas jurídicas del asunto; la prioridad que se de a las investigaciones, y las frecuentes confusiones de ámbitos. Cuando no hubo delito o lesiones visibles, que pueden ir de una violación a un moretón o encierro en una pieza como si fuera un calabozo, “en la misma Unidad Judicial empiezan las dificultades para establecer a quién le corresponde intervenir: si a los Juzgados de Menores, de Familia o a las Fiscalías de Instrucción”.
Pero, desgraciadamente, sigue diciendo Ñáñez, “en las entrevistas los psicólogos detectamos una violencia que surge clara y evidente, haya habido o no un delito de por medio; este aspecto no debería descuidarse, en salvaguarda del espíritu de la ley 9.283”. Los daños mentales son invisibles, con lo cual a menudo se minimiza o demora la resolución de un oficio.
“Lo ideal sería que haya varias bocas de recepción de denuncias, estratégicamente ubicadas y con las mismas prestaciones de Policía Judicial, lo que permitiría descentralizar trabajo, evitar la saturación y detectar más casos”, coinciden los psicólogos Ñáñez y Mirtha Yocco, esta última al cabo de dos décadas de experiencia en el Centro de Asistencia a la Víctima”..
La voz del Interior
Su vasto articulado dispuso, entre otras cosas, la creación de la respectiva unidad dentro de Policía Judicial.
Hay coincidencia en que, hasta ahí, el tema anduvo rápido y bien. El cuerpo legal y su instrumentación están orientados apropiadamente, aseguran los entendidos, con la intención de humanizar todo el proceso y de que el Estado intervenga sin agravar los hechos.
En especial, “la ley busca no re-victimizar” al niño o adulto víctima de maltrato o abuso, destacan el psicólogo Hugo Ñáñez y el médico legista Atilio Bollo, ambos de Policía Judicial. Hasta la concreción de los avances técnicos y procesales, hubo un largo pasado en el que hacer una denuncia de esta índole significaba un calvario adicional, por lo cual a menudo se prefería guardar silencio.
Sin embargo, los números indican que, por el momento, los progresos se circunscriben al espíritu de la ley. En los hechos se habría producido un pronto estancamiento de los casos denunciados, situación denunciada por el gremio respectivo y motivo de este informe.
“En sólo cuatro meses, de marzo a julio pasado, ingresaron 600 denuncias a la Unidad Judicial de Violencia Familiar”, alerta Walter Chilo, empleado de Policía Judicial y referente gremial.
“De ese total, sólo un centenar de denuncias fueron elevadas a las fiscalías correspondientes. Las 500 restantes están detenidas, en gran parte a la espera de los medios necesarios para completarlas”, concluye Chilo.
Una de las fases primordiales para completar el trámite es la constatación y detección del problema. Para ello hace falta personal altamente capacitado, y disponible. Por otro lado, los mismos empleados advierten que tampoco es sencillo dirimir la tipología del hecho y adónde derivarlo.
Para el criminalista y dirigente sindical Walter Chilo, una causa preponderante de esta realidad es la escasez de recursos humanos y técnicos de Policía Judicial. “Nuestra aflicción, es que alguno de esos casos se agrave y termine en muertes o lesiones graves que podrían haberse evitado, como las que ocurrieron en los últimos tiempos”, advierte.
En estos momentos, y según la fuente gremial, la mencionada Unidad cuenta con 10 sumariantes y nueve investigadores policiales. “La relación mensual entre requerimiento y número de personal es de 20 a uno”, ejemplifica una encuesta realizada por el Instituto de Formación e Investigación (IFI).
La mayoría de los oficios corresponde a la comisión de delitos como maltrato físico o amenazas, que suelen ser la consecuencia de una pésima relación marital.
“En general, la denominada violencia doméstica, o conyugal, es la que origina la violencia familiar”, explica Hugo Ñáñez. A su vez, en este punto radica una de las claves para entender las perspectivas jurídicas del asunto; la prioridad que se de a las investigaciones, y las frecuentes confusiones de ámbitos. Cuando no hubo delito o lesiones visibles, que pueden ir de una violación a un moretón o encierro en una pieza como si fuera un calabozo, “en la misma Unidad Judicial empiezan las dificultades para establecer a quién le corresponde intervenir: si a los Juzgados de Menores, de Familia o a las Fiscalías de Instrucción”.
Pero, desgraciadamente, sigue diciendo Ñáñez, “en las entrevistas los psicólogos detectamos una violencia que surge clara y evidente, haya habido o no un delito de por medio; este aspecto no debería descuidarse, en salvaguarda del espíritu de la ley 9.283”. Los daños mentales son invisibles, con lo cual a menudo se minimiza o demora la resolución de un oficio.
“Lo ideal sería que haya varias bocas de recepción de denuncias, estratégicamente ubicadas y con las mismas prestaciones de Policía Judicial, lo que permitiría descentralizar trabajo, evitar la saturación y detectar más casos”, coinciden los psicólogos Ñáñez y Mirtha Yocco, esta última al cabo de dos décadas de experiencia en el Centro de Asistencia a la Víctima”..
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